Según Guido Lorenzino, la provincia de Buenos Aires ya manifestó su opinión respecto al tema, y no hay competencia del máximo tribunal para volver a discutirlo. Además, remarcó los intereses que cruzan a los ministros del tribunal con la cadenera. “Podría provocar un verdadero escándalo institucional”, aseguró. En tanto, farmacéuticos del interior del país cierran filas y rechazan la iniciativa. 

A medida que pasan los días, cada vez más sectores se suman al rechazo a la posibilidad de que la cadena Farmacity abra sus puertas en la provincia de Buenos Aires. La decisión de la Corte Suprema de Justicia nacional de reabrir la discusión fue vinculada al lobby que genera el ex CEO de la firma, el funcionario nacional Mario Quintana, y hay preocupación por el rol que jugarán dos de los cinco ministro del máximo tribunal, con probados y visibles vínculos con la cadenera. Ante esto, la Defensoría del Pueblo insistió con su pedido para que se dé marcha atrás con la reapertura de la discusión, y lo vinculó a los problemas institucionales que traerá un eventual aval. En este sentido, se planteó la incompetencia del máximo tribunal en reabrir la disputa, ya que a nivel provincial ya se había zanjado. En tanto, en toda la Provincia se levantan voces en contra de esta posibilidad, tanto de farmacéuticos como de legisladores y otros funcionarios públicos. 

Desde un primer momento, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino se opuso a que la Corte Suprema nacional reabra la discusión sobre la llegada de Farmacity a territorio bonaerense, y no dudó en vincular esto al lobby político del funcionario nacional Mario Quintana. Ahora, le apuntó al rol del máximo tribunal, a los intereses de dos ministros y al peligro institucional de un eventual fallo a favor de este pedido. “Consideramos que las sentencias en juzgados provinciales contra la intención de Farmacity determinan que el hecho se trata de una cuestión local que no presentan requisitos para la intervención de la Corte”, aseguró Lorenzino mediante un comunicado de prensa. El defensor agregó que en la Provincia la ley “prevé un sistema de farmacia que garantiza en el suministro de medicamentos con disponibilidad, seguridad, eficacia y expedidos por profesionales autorizados”. 

La incompetencia de la Corte nacional es uno de los argumentos usados desde un principio para intentar desactivar el intento de Farmacity, que apunta a declarar inconstitucional el artículo 3 de la ley 10.606, que establece la propiedad de las farmacias y su distribución geográfica. Para Lorenzino, darle luz verde al pedido “podría provocar un verdadero escándalo institucional”, en especial por los intereses cruzados que existen en la discusión. El funcionario le apuntó primero a los ministros de la Corte con vínculos con la cadena, y el rol de Quintana, como lobista y ex CEO. En el primer caso, Lorenzino recordó que “Carlos Rosenkrantz fue abogado de la firma”, por lo que pidió su excusación. Pero además Horacio Rosatti tiene vínculos personales con la actual CEO de Farmacity. El defensor fue más allá, y remarcó que el resto de los miembros “debería tomarse como una medida preventiva ante posibles decisiones que pudieran comprometer la dignidad del cargo”. Además, insistió con el lobby de Quintana, quien es uno de los funcionarios más encumbrados en el gobierno nacional, y en la causa figura como amicus curiae de la empresa. 

En tanto, los farmacéuticos cierran filas contra la posibilidad de que llegue Farmacity, en especial en el interior de la Provincia, donde la apertura hará estragos entre las farmacias independientes. Claudio Burgan, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Azul, remarcó que “con este modelo de farmacia-shopping que han impuesto en Capital Federal y en algunas provincias hace que desaparezca la farmacia de barrio. A ellos les interesa el medicamento como una mercancía, no como un bien social”. “Sería catastrófico si ellos desembarcan en ciudades como la nuestra”, agregó. En tanto, Atilio Vilani, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín, manifestó que “la ley 10.606 tiene como objetivo la distribución racional de farmacias, el acceso eficiente al medicamento. También regula la propiedad de la farmacia, es decir que tiene que tener un farmacéutico que la represente y que asuma las responsabilidades”. “Si entendemos que las farmacias son centros de salud y el farmacéutico es el agente de salud, que el medicamento es un bien social que no tiene que estar regulado por el mercado y que la responsabilidad del Estado es garantizar el derecho social a la salud y colocar la necesidad de la población por encima de cualquier interés comercial o económico, no hace falta agregar nada más. Esta ley es la que se quiere modificar, todo está más que claro”, concluyó.

Fuente: Mirada Profesional